La Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar) ha iniciado un procedimiento para que la Comisión Europea instruya un expediente de infracción a España por vulneración del Derecho Comunitario tras las últimas modificaciones del sector energético.
En concreto, Protermosolar alude a los cambios normativos incluidos en la ley 15/2012, el real decreto ley 2/2013 y la orden ministerial 221/2013, en los que aprecia una "vulneración de los principios de confianza legítima y de no discriminación".
Las normas, indica en un comunicado, quebrantan los principios de rentabilidad razonable y de seguridad jurídica, al suponer un recorte del 37% en los ingresos del sector termosolar respecto a las condiciones en que fueron decididas las inversiones.
La decisión de iniciar el procedimiento ante Bruselas ha sido adoptada por la junta general de Protermosolar, que ha encontrado "suficientes elementos objetivos" para poner en marcha el proceso. La iniciativa abordará tanto aspectos específicos de la propia tecnología termosolar como del sector renovable en general, indica.
La decisión de Protermosolar cuenta con el apoyo de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y se produce después de haber remitido información detallada al Gobierno acerca de la situación del sector de cara a la reforma energética.
La asociación termosolar reconoce que, por primera vez, ha observado "cierta receptividad a los datos y argumentos" del sector entre los responsables de la Administración.
La termosolar, argumenta, es la tecnología que menos primas ha recibido hasta ahora y que menos recibirá en el futuro, "a mucha distancia de las tres primeras", lo que no ha impedido que haya sido la "más castigada" con las últimas medidas legislativas, "hasta un nivel que no puede ser asumido por los proyectos".
La asociación expresa su "total disposición" a llegar a acuerdos con el Ministerio en la búsqueda de una solución adecuada a la situación de cada uno de los agentes del sistema eléctrico, que reduzca y palie el déficit de tarifa, pero que a su vez "permita la continuidad de una industria clave para el desarrollo socio económico del país".
EP