La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) considera que la decisión del Gobierno de subir la tarifa de la luz un 7% a partir de abril y recortar en un 13% la retribución de las redes de distribución eléctricas supone que "el grueso para reducir el déficit de tarifa recae únicamente en los consumidores y las compañías eléctricas" para mantener la rentabilidad "privilegiada y de consumo obligatorio" de las tecnologías "menos eficientes".
En un comunicado, la patronal recuerda que solo el 22,7% de lo que pagan los consumidores a través del recibo de electricidad se destina a pagar el coste de la generación de energía y el precio se fija en subastas periódicas, cuya última arrojó una bajada del 7%, por lo que las compañías generadoras (excepto las renovables) ingresarán, a partir del 1 de abril, un 7% menos.
Así, Unesa señala que las eléctricas verán recortada la retribución al uso de las redes en un 13%, sufrirán un recorte en los pagos por capacidad de un 11% y verán afectados los pagos con garantía de suministro en otro 11%, mientras que a los consumidores se les incrementará la factura en un 7% para reducir el déficit de tarifa o, lo que es lo mismo, "para que por ahora las tecnologías menos eficientes sigan disfrutando de una rentabilidad privilegiada y de consumo obligatorio, mientras los más eficientes se ven obligados a parar".
La patronal presidida por Eduardo Montes indica que, antes de la aprobación de estas medidas, la retribución por el uso de las redes eléctricas en España ya era un 10% inferior a la media de la Unión Europea, "pese a contar con unos niveles de eficiencia y calidad homologables a los de los países del entorno".
Así, las empresas de Unesa señalan que adaptarán su estructura y sus inversiones al nuevo modelo y "se esforzarán por ofrecer, a pesar de todo, el mejor servicio de suministro eléctrico posible en este nuevo contexto".
Además, la patronal de las eléctricas, que subraya que la distribución de electricidad es una actividad de la que dependen 14.000 puestos de trabajo directos y 68.000 indirectos y que es una actividad anticíclica, de inversión intensiva y "especialmente necesaria" en una coyuntura de dificultad económica, no comparte la opinión de que exista un exceso, "sino más bien un trabajo continuo para mejorar la accesibilidad y la calidad de la red.
Por otra parte, considera que si el Gobierno ha decidido recortar la cuantía destinada a los llamados pagos por capacidad es que cree que existe un exceso de capacidad para atender el vacío que dejan las renovables cuando no están disponibles (falta de sol o viento).
Así, cree que se entiende que habrá que ir adaptando la capacidad a las nuevas condiciones, es decir, el número de centrales disponibles, ahora afectadas y que son más baratas, "aunque siempre se procurará que no afecte a la garantía del suministro de los consumidores", añade.
Unesa también recuerda que también se han visto afectados, al ser reducidos en un 10%, los pagos por las restricciones por garantía de suministro que facilitan el consumo de carbón autóctono, "fuente esencial para la seguridad de suministro y de uso de fuentes de energía autóctonas".
EP
Foto.- Fernando Pastor