La UE apoyará hoy el pago verde y verá si abre la puerta a una doble financiación por esfuerzos medioambientales

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La Eurocámara definirá este miércoles su posición en las negociaciones con los gobiernos europeos y Bruselas para reformar la Política Agraria Común (PAC), una política en la que los eurodiputados quieren ver un tope anual de las ayudas y un 30 % del pago directo condicionado a prácticas medioambientales, aunque podrían abrir la puerta a una "doble financiación" que permitiría al agricultor recibir fondos adicionales por una misma práctica 'verde'.

El pleno del Parlamento Europeo debe refrendar las líneas rojas que ya pactó en enero su comisión de Agricultura, aunque las más de 1.000 enmiendas que se votarán podrían introducir cambios importantes para España como, por ejemplo, limitar la superficie elegible entre la que repartir las ayudas.

El Gobierno español teme un fuerte aumento de las hectáreas con opción a ayudas si esta medida no se limita y eurodiputados del Partido Popular y del PSOE han pedido que se apruebe esta limitación.

Aunque el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha celebrado en un debate previo que la Eurocámara recoge en general sus propuestas para una PAC "renovada, ambiciosa y pragmática", ha señalado divergencias en cuanto a la prórroga del régimen de cuotas de producción para el azúcar hasta 2020 que parece apoyar una mayoría de eurodiputados, pero que él no ve con buenos ojos.

La Eurocámara también podría apostar por mantener la regulación de los derechos de plantación de la viña, una medida que han pedido los principales productores de vino, incluido España y que ha encontrado resistencia en la Comisión Europea.

El texto pide "restablecer" los derechos de plantación al menos hasta 2030 --frente al fin previsto en 2016-- y pretende ser "la cuna para albergar el trabajo del grupo de alto nivel (que creó Bruselas para revisar la situación", según explicó el eurodiputado responsable de redactar esta parte de la posición, el galo Michel Dantin (PPE).

Pago verde más flexible

Los eurodiputados respaldan, aunque con matices, las tres prácticas propuestas por Bruselas para recibir este apoyo: la rotación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y la disposición de un área de valor ecológico. Con ello, dejan fuera la petición de varios Estados miembros, incluido España, de incluir un 'menú' más amplio de medidas, pero introducen una mayor flexibilidad y plantean que se reconozcan medidas "equivalentes" que ya cumplen muchos productores.

Pero esta flexibilidad abre la puerta a una "doble financiación" de determinadas prácticas medioambientales, al permitir el cobro del 'pago verde' y de fondos de desarrollo rural por una misma actividad, que enfrenta a los grupos.

Una mayoría de eurodiputados justifica esta posibilidad para evitar que agricultores abandonen determinadas acciones 'ecológicas' porque no se vean recogidas por el 'greening', pero el socialista portugués responsable del informe sobre este asunto, Luis Manuel Capoulas Santos, ha dejado claro en un debate el martes que su grupo votará en contra de esta posibilidad porque la considera "inaceptable" e "inmoral".

Otra de las iniciativas que ha defendido Bruselas para tratar de justificar mejor el gasto agrícola a ojos del contribuyente europeo y que cuenta con el respaldo mayoritario de los eurodiputados es la de definir con claridad la figura de "agricultor activo" para evitar productores 'de salón' que reciben subsidios pese a no tener actividad agraria.

También gusta a los eurodiputados la idea de fijar un techo máximo a las ayudas anuales que pueda recibir cada explotación y que Bruselas propone limitar a 300.000 euros, aunque teniendo en cuenta factores socioeconómicos al calcular los montos. Los eurodiputados apoyan esta medida históricamente defendida por la Comisión y frenada por los Estados miembros, aunque grupos como el de los Verdes apuesta por rebajar a 100.000 euros el subsidio máximo.

EP

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