El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha abierto un expediente informativo para analizar de qué manera afectan las transacciones en los mercados no organizados (OTC) de energía durante los días previos a la celebración de las subastas de referencia para determinar la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz.
De estas subastas sale el término de energía de la TUR, cuyo peso ronda el 50% de la fórmula de cálculo de la tarifa final. La propia CNE, encargada de supervisar la puja, alude en un comunicado a la "relevancia" de estos movimientos precios para "la formación de precios en dichas subastas".
Por otro lado, el organismo presidido por Alberto Lafuente ha examinado la propuesta de orden ministerial que regula el servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad. Estos pagos sirven para compensar a tecnologías como los ciclos combinados que sirven de respaldo al sistema eléctrico y que arrancan o paran en función de las necesidades del mismo.
En su informe, el regulador considera que, desde el punto de vista de la seguridad del suministro y en el contexto actual de sobrecapacidad, "no parece apremiante ni necesaria la aprobación de esta propuesta".
También desaconseja su adopción en el contexto actual de elevado déficit de tarifa y calcula que, de aplicarse, el sistema eléctrico debería soportar un coste adicional de 140 millones de euros en el segundo semestre del año.
"En consecuencia, la CNE considera que el modelo establecido en la orden ministerial 2794/2007 vigente es adecuado", señala, antes de ofrecerse a elaborar en menos de seis meses una nueva propuesta de desarrollo sobre los pagos por capacidad "adaptada a la actual coyuntura" de sobrecapacidad y elevado déficit de tarifa.
En su informe, la CNE considera que el "enfoque" del borrador, en el que se trata de evitar el cierre de determinadas centrales, "no es coherente con la perspectiva que debería tener un mecanismo de pagos por capacidad para el medio y largo plazo".
INCENTIVO REVISADO.
La propuesta de Industria también revisa el incentivo a la inversión para las centrales puestas en marcha desde enero de 1998, después de considerar la reducción de horas de funcionamiento que han experimentado en 2010.
La instalación de ciclos combinados de gas en España, el descenso en la demanda de electricidad registrado desde el inicio de la crisis y el actual peso de las renovables, que ronda el 30% en la generación eléctrica y desplaza otras fuentes, son algunos de los aspectos que han provocado el cambio de contexto.
BONO SOCIAL PARA MENOS DE 3 KW.
Por otro lado, el consejo de la CNE ha respondido también a una consulta de la Junta de Castilla y León sobre la aplicación automática del bono social ante solicitudes de reducción de la potencia contratada.
En concreto, la consulta se refiere a los consumidores acogidos a la tarifa de último recurso, que en su momento no tenían derecho al bono social, pero que solicitan una reducción de su potencia contratada por debajo de 3 kilovatios (kW) para poder acogerse.
La CNE considera que, de acuerdo con la regulación vigente, estos consumidores serán beneficiarios del bono social siempre que sean personas físicas con una potencia contratada inferior a 3 kW en su vivienda habitual. Además, su aplicación debe ser automática, ya que los distribuidores deben tener actualizado su sistema de información de puntos de suministro.
EP