Un reportaje publicado en la última edición de la revista de la Federación Nacional, FENIE Informa, detalla cómo una treintena de altos cargos de los últimos gobiernos democráticos han sido fichados por las compañías eléctricas.
El trasvase de políticos de los diferentes gobiernos a las compañías eléctricas complica la plena independencia de aquellos a la hora de legislar en materias que tienen que ver con las segundas. De esta manera, la repercusión de las decisiones adoptadas sobre los ciudadanos y el resto del sector eléctrico no resulta tan favorable como lo es para las propias compañías. Los Costes de Transición a la Competencia o el Déficit de Tarifa son algunas de las medidas más significativas, pero no son las únicas. Los citados Costes de Transición han supuesto ingresos multimillonarios a las compañías eléctricas, justificados únicamente por la disminución de los beneficios que traería consigo la finalización del régimen de monopolio, mientras que el Déficit de Tarifa les reconoce ya una deuda que alcanza los 24.000 millones de euros y que se incrementa año a año y les permite a las propias compañías, además, ejercer una presión añadida sobre el gobierno vigente.
Otras circunstancias y decisiones que les han beneficiado tienen que ver con las condiciones de las plantas hidroeléctricas y nucleares, que han recibido concesiones como las prórrogas para su explotación o también el hecho de que el precio de venta de la electricidad en el mercado se fije en función del origen del último kilowatio vendido.
Por otro lado, la legislación española prohíbe que un antiguo alto cargo trabaje para una empresa privada durante los dos años siguientes a haber abandonado su puesto, a menos que se le autorice expresamente a hacerlo. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en numerosas ocasiones, ya se trate indistintamente de políticos socialistas autorizados por gobiernos del Partido Popular o, al contrario, de políticos populares que reciben el beneplácito de un gobierno del PSOE.