El Gobierno asegura que no cobrará nada a los ciudadanos por la etiqueta de eficiencia energética de los edificios, que se obtendrá junto con el certificado de eficiencia energética, obligatorio desde el pasado 1 de junio para vender o alquilar cualquier vivienda en todo el territorio nacional.
En respuesta a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, el Ejecutivo argumenta que el decreto del pasado mes de abril por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios supone la trasposición a la normativa española de la directiva europea de Certificación Energética de Edificios, en lo que afecta a los edificios ya existentes, dado que las normas para las nuevas construcciones ya se había incorporado en 2007.
Así, dicho decreto obliga a todos los propietarios de viviendas que deseen vender o alquilar un inmueble contar con un certificado de eficiencia energética en el que se incluya información sobre las características energéticas de los edificios, "de forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética para favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia y las inversiones en ahorro de energía".
"Por tanto a partir de la aprobación del proyecto del Real Decreto de referencia, los arrendadores o vendedores deberán encargar a cualquiera de los técnicos competentes establecidos para la realización de certificados de eficiencia energética de edificios la elaboración de un certificado, cuyo coste será el que establezca el mercado", precisa el Gobierno en su respuesta.
Válido durante diez años
Este certificado tendrá un periodo de duración de diez años, tiempo durante el cual también dará derecho a utilizar la etiqueta de eficiencia energética, que se incluirá en todas las ofertas, promociones y publicidades de venta o arrendamiento de dicho inmueble o vivienda.
"De acuerdo con lo anteriormente indicado, se concluye que no va a existir ningún procedimiento de cobro de la etiqueta de eficiencia energética a los propietarios de las viviendas por parte del Gobierno", concluye la respuesta parlamentaria.
EP