Las compañías eléctricas consideran que las medidas a través de impuestos que prepara el Gobierno para acabar con el déficit de tarifa pondrán en riesgo sus inversiones y beneficios, y podrían hacerles incurrir en pérdidas.
Fuentes del sector indicaron a Europa Press que la hipotética entrada en pérdidas de estas empresas afectará a los actuales planes de inversión y provocará el cierre de plantas de generación eléctrica. Además, lamentaron que estas medidas tengan carácter político y se dirijan a resolver un problema provocado por motivos igualmente políticos.
Solo las nuevas imposiciones relacionadas con la hidráulica y la nuclear tendrán un efecto cercano a los 1.000 millones de euros sobre el negocio de generación eléctrica de estas empresas, lo que les resulta inasumible.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció ayer la nueva imposición a todas las fuentes de generación y aseguró que el objetivo de las medidas es tapar un déficit de tarifa de entre 6.000 y 6.500 millones de euros al año.
El diario 'El País' asegura que el nuevo impuesto anunciado ayer por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, será del 4%, o de 2 euros por megavatio hora (MWh) facturado, para las fuentes tradicionales, entre las que se encuentran la nuclear, la hidráulica y los ciclos combinados de gas.
Dentro de las renovables, la norma distinguirá entre tecnologías gestionables y no gestionables, e incluirá imposiciones del 11% para la eólica, para recaudar 400 millones, y del 19% para la fotovoltaica, lo que permitirá obtener 550 millones.
Las nucleares e hidráulicas tendrán además una tasa adicional, que será de 10 euros por MWh en el caso de la nuclear, lo que permitirá ingresar 550 millones, y de 15 euros por MWh en el de la hidráulica, con lo que se obtendrán 400 millones.
Los hidrocarburos gasesosos sufrirán un recargo de cuatro céntimos por metro cúbico para aportar 1.150 millones, mientras que las subastas de derechos de emisión de CO2 permitirán ingresar 900 millones. La retribución al transporte se recortará en 50 millones y los pagos extrapeninsulares en 100 millones.