Albacete se convertirá por unos días en la capital española del medio ambiente, acogiendo el VI Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (CONEIA) que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de abril en el campus albaceteño de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Con la presencia de más de 30 especialistas en todas las ramas que conforman la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la asistencia de 300 profesionales de todos los ámbitos relacionados con la conservación y el estudio medioambiental, El VI CONEIA tratará de actualizar todos los conocimientos relacionados con una materia en constante desarrollo y que avanza día a día de manera paralela a los avances metodológicos y científicos.
Entre ellos, uno de los más reputados expertos en EIA, el doctor Stephen F. Lintner, será el encargado de dar comienzo al ciclo de conferencias marco del congreso, con una ponencia titulada "Situación de la Evaluación Ambiental en el ámbito internacional". El doctor Lintner, presidente de la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto y Asesor Técnico Senior del Banco Mundial sobre políticas de protección social y ambiental, contextualizará los retos y avances de la evaluación ambiental en el marco internacional actual.
Para analizar el proceso de revisión de la directiva europea sobre EIA participará Javier Ruiz-Tomas, en representación de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en España. En lo que compete al ámbito nacional, los avances que se han producido en España durante los últimos años serán explicados por Jesús Huertas García, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM).
Además de presentar un completo examen del marco internacional y europeo de la evaluación de impacto, el CONEIA abordará en sus debates asuntos como la consolidación de las Energías Renovables o la vigilancia de los parques eólicos en funcionamiento.
Con todo ello, el VI Congreso Nacional que organiza la Asociación Nacional de EIA, pondrá de manifiesto la necesidad de ir más allá de la evaluación de los proyectos para determinar su viabilidad e implantar en los procesos la vigilancia posterior y la medición de su eficacia, respondiendo con ello a la responsabilidad social que debe emanar por parte de todos los agentes públicos y privados que intervienen en cualquier acción ambiental.