La Asociación Empresarial Fotovoltaica, AEF, ha calificado de "claro atentado contra el sector solar fotovoltaico y la economía y política energética sostenible" el recorte de horas con derecho a tarifa, aprobado hoy por el Gobierno y anunciado por el Ministro de Industria, Miguel Sebastián.
Para AEF, las medidas anunciadas son claramente retroactivas, se han dictado sin tener en cuenta ni a la industria, ni a los inversores ni a la banca, y conducirán inexorablemente a una situación concursal a la gran mayoría de las instalaciones fotovoltaicas españolas.
La asociación ha deplorado que se hayan cumplido los peores temores ya denunciados por AEF, y que, finalmente, el Ministerio haya tomado unas medidas "absolutamente retroactivas y discriminatorias contra la fotovoltaica".
"El recorte no resulta equilibrado respecto a otras tecnologías, sean convencionales o renovables, y ni siquiera lo es entre regiones, ya que impone un límite de horas único sin tener en cuenta las distintas comunidades y sus diferentes radiaciones solares, las características tecnológicas y los planes de negocio de las inversiones", insiste la organización empresarial.
AEF denuncia además que el ministro ha omitido en su comparecencia de hoy que la industria solar fotovoltaica "ya ha asumido responsablemente más de 600 millones de euros en recortes, de acuerdo a lo estipulado en el Real Decreto 1.565/2010, aprobado hace apenas un mes.
La asociación ya ha expuesto que estas medidas retroactivas generarán diez veces más gastos - por sus repercusiones en los mercados internacionales y en la deuda del Reino de España - que el supuesto ahorro obtenido con ellas, como han manifestado algunos líderes de inversión extranjeros y de la banca nacional e internacional.
Entre esos costes, AEF destaca que se disparará la prima de riesgo-país, la pérdida de confianza de los inversores en mercados y compañías españolas expuestas a regulación, además del evidente perjuicio que la medida tendría sobre la estabilidad del sistema financiero, de los propios bancos y de las compañías que trabajan en sectores regulados en España, y que cuentan con un alto riesgo de endeudamiento empresarial.
Subraya asimismo la asociación que los mercados nacionales e internacionales ya han manifestado con claridad su rechazo a estas medidas, por cuanto la reducción de horas, con el consiguiente recorte de ingresos, "situará a las plantas fotovoltaicas muy por debajo de la rentabilidad razonable".
Considera AEF que ese hecho "de ninguna manera se puede compensar dentro de 23 años, como propone el Ministerio al extender algo que, por otra parte, el Real Decreto 661 ya reconocía".
De salir adelante ahora el nuevo Real Decreto-Ley, AEF juzga inevitable que el sector se vea abocado a solicitar de forma masiva concursos voluntarios, ante la imposibilidad de asumir sus compromisos crediticios y financieros, así como el pago a proveedores.
La asociación ha efectuado un "llamamiento urgente" al Congreso de los Diputados, desde la esperanza de que el poder legislativo pueda "corregir el dislate y el desequilibrio planteados por el Ministerio de Industria con un Real Decreto-Ley que ofrece notables lagunas técnicas y legales".
Solicita también un profundo análisis de los sectores parlamentarios, políticos, industriales, financieros y empresariales sobre la repercusión de estas medidas en el futuro de las energías renovables, "desde la convicción y la certeza de actuar no en defensa de interés de parte, sino del futuro de la sostenibilidad energética española, que puede destruirse de forma inmediata ante los desequilibrios que plantea el Decreto-Ley".
AEF