El Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos cuyo objeto es desestimar en un caso e inadmitir en el otro varias reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por los titulares de instalaciones fotovoltaicas contra los recortes aplicados por el anterior Ejecutivo.
En concreto, las reclamaciones se referían a los daños y perjuicios ocasionados por un real decreto del 19 de noviembre de 2010 y por el real decreto ley 14/2010, ambos de la etapa en la que Miguel Sebastián era ministro de Industria.
Estas normas modificaron el régimen de las instalaciones fotovoltaicas al limitar aspectos como las horas anuales con derecho a prima de estas instalaciones y establecer ciertas obligaciones de carácter técnico.
Los titulares de las instalaciones reclamaban indemnizaciones por considerar que estas normas les había producido daños antijurídicos, esto es, que no tienen el deber de soportar y que, por tanto, deben ser indemnizados por la Administración General del Estado.
El primero de los dos acuerdos aprobados por el Gobierno cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado. En este caso, la desestimación se funda en las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que confirman que las normas son conforme a Derecho.
"Las sentencias señalan que los titulares de instalaciones fotovoltaicas no tienen derecho a que el régimen de primas se mantenga inalterado en el tiempo, sino que tienen derecho a una rentabilidad razonable", explica el Gobierno.
Por este motivo, considera que son legítimos los cambios que se produzcan en elrégimen de primas, siempre que no menoscaben el derecho a la retribución razonable, como ha ocurrido en este caso, indica el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros.
El segundo de los acuerdos tiene por objeto inadmitir otras reclamaciones, ya que faltaban los requisitos para que estas reclamaciones fueran admitidas.
EP
Foto.- Proinso