Appa Biocarburantes, asociación en la que participan empresas como Abengoa, Acciona, Saras, Hispanergy o Sniace, ha advertido de que la decisión del Gobierno de dejar sin efecto la convocatoria de asignación de cuotas a la producción del biodiésel nacional "prolonga la agonía del sector" y da al traste con los esfuerzos económicos, técnicos y humanos destinados a reacondicionar las plantas de producción que estaban cerradas y de frenar los ERE que estaban en marcha.
"Valoramos de forma muy negativa este nuevo retraso", manifestó a energelia un portavoz de la asociación, quien recordó las pérdidas que arrastra el sector primero por las importaciones "ilegales" de biodiesel procedente de EE.UU. y después por las importaciones "desleales" de este producto desde Argentina e Indonesia, que llegaron a representar el 75% del biodiésel consumido en España en 2011.
Appa recordó que el sistema de asignación de cuotas tenía que estar en vigor el 21 de octubre, una vez transcurrido el plazo de seis meses que establecía la orden ministerial publicada en el BOE el 21 de abril, e hizo hincapié en el esfuerzo "económico, técnico y humano" de los fabricantes en primer lugar para presentar la documentación al Ministerio de Industria, y en segundo para reacondicionar sus fábricas, algunas cerradas, y otras trabajando al 14% de su capacidad, así como para frenar el ajuste de sus plantillas.
"La situación creada prolonga la agonía del sector, y es un retraso que entendemos será mínimo en el tiempo, para que el sector pueda trabajar con normalidad", señaló a energelia el portavoz de Appa.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado una norma en la que deja sin efecto la convocatoria de asignación de cuotas a la producción del biodiésel nacional, con lo que no podrá aplicarse la orden ministerial aprobada en abril para proteger la producción en la UE de este producto y limitar con ello las importaciones de Argentina e Indonesia.
Esta orden fue aprobada menos de una semana después de que el Gobierno de Argentina anunciase su intención de expropiar a Repsol un 51% de YPF. Tras el Consejo de Ministros en el que se estudió la norma, la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, inscribió la medida en las acciones del Ejecutivo en contra de la decisión del Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner.
En la orden en la que se deja sin efecto la asignación de cuotas, Industria argumenta que su aplicación "puede tener una repercusión negativa en los precios de los combustibles de automoción en un momento, como el presente, en el que estos alcanzan máximos históricos".
Por este motivo, y "con el fin de no causar daño a los interesados", y "sin perjuicio de reparación que proceda por los costes de gestión en que hayan incurrido", el Ministerio de Industria "considera necesario dejar sin efecto" la convocatoria de asignación de cuotas.
No obstante, fuentes al tanto de la situación explicaron a Europa Press que la verdadera causa de la decisión del Ejecutivo de derogar la orden de abril no radicaría en el precio de los carburantes, sino en la queja formal presentada por el Gobierno argentino el pasado mes de agosto ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra la UE por las restricciones que intentaba implantar España a las importaciones de biocarburantes, lo que llevó a Bruselas a recomendar a España a que levante la mano y permita la asignación de cuotas de producción a cualquier empresa, independientemente de su nacionalidad.
EP